Informacion economica sobre Cuba

La trata de cubanos

[21-11-2012]

Miguel Sales Figueroa

(www.miscelaneasdecuba.net).-El envío de mano de obra especializada para

realizar trabajos remunerados en el extranjero es hoy una de las

principales fuentes de ingreso e influencia política del gobierno de

Cuba. La Habana alquila profesionales, desde cirujanos hasta espías y

soldadores navales, a docenas de países, sobre todo en África y América

Latina. Es difícil determinar la cuantía exacta de este negocio. Las

estadísticas que las autoridades cubanas proporcionan no son fiables y

el asunto está envuelto en la opacidad que suele caracterizar a los

regímenes del socialismo real.

La emigración de personal cualificado no plantearía problemas jurídicos

y morales si se tratara de personas que, motu proprio, hubiesen decidido

trasladarse al extranjero por razones familiares o en busca de nuevos

horizontes profesionales. Pero en este caso se trata de una política

sistemática de exportación y explotación de seres humanos, a los que

primero se les proporciona formación académica (supuestamente gratuita),

luego se les prohíbe viajar porque han realizado estudios superiores

(salvo autorización previa y en condiciones especiales) y por último se

les ofrece un puesto remunerado en otro país (adonde casi nunca podrá

acompañarles su familia).

La clave del sistema está en el beneficio económico que percibe el

régimen de La Habana. A estos profesionales se les asigna un salario

nominal en dólares, acordado entre las autoridades cubanas y el país

anfitrión. El gobierno de Cuba cobra la totalidad del importe y les

entrega a los trabajadores y sus familias una fracción, que la mayoría

de las veces no llega ni a la quinta parte del total. La plusvalía

restante pasa a las arcas del Estado, sin que se aclare muy bien por qué

concepto cobra esta gabela.

Esta política vulnera los derechos de los profesionales y sus familias

al violar varios pactos y tratados internacionales que Cuba ha suscrito

en el marco de las Naciones Unidas. En particular, conculca los

principios que proclaman los artículos 13 y 23 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos de 1948 (sobre el derecho a entrar y salir

libremente del país y a percibir igual salario por trabajo igual), los

acuerdos sobre el tráfico de personas, el Convenio contra la esclavitud

de 1926, que condena la servidumbre de la gleba (obligación de prestar

determinados servicios, sin libertad para cambiar de condición), y

diversos pactos auspiciados por la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) sobre la protección del salario y la prohibición del

trabajo forzoso como método de movilización y utilización de la mano de

obra con fines de fomento económico.

Estas prácticas son consecuencia directa del ordenamiento jurídico de la

isla, donde la violación de los derechos individuales no es

circunstancial, sino que está enquistada en las propias leyes. Según la

Constitución cubana, sólo los derechos colectivos son legítimos y tienen

absoluta prioridad. El Estado, dueño de vidas y haciendas, es el único

derechohabiente posible. Y resulta que el Estado está en manos de la

dirigencia del partido único, que detenta el poder y monopoliza la

riqueza a su antojo.

Quienes logran escapar de este sistema de explotación neoesclavista, que

tan pingües beneficios les reporta a los jerarcas de La Habana, rara vez

acuden a los tribunales internacionales a reclamar sus derechos y exigir

que el gobierno cubano les devuelva el dinero indebidamente confiscado.

El miedo, la familia que quedó en la isla, la dificultad de emprender

una nueva vida en el exilio, el alto costo de los trámites judiciales:

todo conspira para mantener en funcionamiento la maquinaria de

exportación y aprovechamiento de los profesionales cubanos.

Sin embargo, cualquier demanda judicial de los perjudicados por esa

política podría lograr el respaldo de diversas agrupaciones del exilio y

tendría muchas probabilidades de prosperar ante la OIT y otras

instancias. Sería un primer gesto para iniciar la recuperación de la

soberanía personal de 11 millones de súbditos, hasta ahora ninguneada

con el pretexto de la soberanía nacional. Y sin duda marcaría el

principio del fin de la trata de cubanos.

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=37747


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