Informacion economica sobre Cuba

Conferencia Internacional de la OIT analizará la situación de los

trabajadores en Cuba

DDC | Madrid | 20 Mar 2013 – 6:07 pm.

El monopolio de la CTC, la falta de libertades como el derecho a huelga,

la discriminación por motivos políticos y las presiones sobre los

cuentapropistas son algunos de los puntos.

El monopolio sindical de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC,

controlada por el Gobierno), la falta de libertades como el derecho a

huelga, la discriminación y la represión por motivos políticos, son

algunos de los puntos recogidos en el informe sobre la Isla que la

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

(CEACR) presentará a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio

próximo.

La CEACR, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha tenido

en cuenta en su informe los reportes de la Coalición de Sindicatos

Independientes de Cuba (CSIC), a la cual el régimen cubano no reconoce,

comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la

Organización Internacional de Empleadores (OIE), entre otras entidades,

y las respuestas del Gobierno cubano.

Muchos de los señalamientos está incluidos en informes anteriores sobre

la Isla, sin que La Habana haya realizado los cambios en la legislación

solicitados por la OIT.

En el documento, del cual el Grupo Internacional para la Responsabilidad

Social Corporativa en Cuba (GIRSC) ha publicado un extracto, la Comisión

de Expertos indica que pidió al Gobierno cubano copias de sentencias

contra sindicalistas independientes condenados en la Isla. Asimismo,

explicaciones sobre la percusión, amenazas de prisión y confiscación de

ayuda humanitaria enviada desde el exterior a miembros de organizaciones

sindicales opositoras.

El Gobierno respondió —señala la CEACR— negando haber "enjuiciado o

sancionado" a sindicalistas "por el ejercicio o la defensa de derechos

sindicales".

La Habana dijo que "a todos les fue probada —en un proceso con todas las

garantías procesales— su responsabilidad en acciones que se tipifican

como delitos directamente dirigidos a lesionar la soberanía de la

nación", entre otros argumentos que suele usar habitualmente el régimen

contra los opositores encarcelados.

El monopolio de la CTC

Otro de los puntos recogidos en el informe de la CEACR es el monopolio

sindical de la CTC, entidad que defiende los intereses del Gobierno,

principal empleador en la Isla.

La Habana rechaza en su respuesta ese señalamiento, afirma que los

trabajadores no necesitan "autorización previa de ninguna índole, ni

estatal ni empresarial" para constituir organizaciones sindicales;

asegura que existen "más de 110 000 organizaciones sindicales de base

(…) desde la empresa, sector o rama de actividad hasta las instancias de

estructura nacionales", y dice que "la libertad en el movimiento

sindical cubano se expresa en términos de unidad, decidida por los

propios trabajadores (…) con absoluta libertad de expresión y de opinión".

No aclara que todas las organizaciones sindicales de la Isla forman

parte de la CTC. Por el contrario, afirma que "los trabajadores cubanos

tienen el derecho de afiliarse libremente y de constituir organizaciones

sindicales, sin necesidad de autorización".

La Comisión de Expertos de la OIT recuerda en este punto "que el

pluralismo sindical debe ser posible en todos los casos y que las

legislaciones nacionales podrían institucionalizar un monopolio de hecho

si se refieren únicamente a una central sindical específica", como es el

caso de la CTC.

Los trabajadores deben tener "libertad de constituir, si así lo desean,

sindicatos al margen de la estructura establecida y de afiliarse a la

organización de su elección", advierte.

Derecho a huelga

En otra parte de su informe, la CEACR critica la "falta de

reconocimiento del derecho de huelga en la legislación y la prohibición

en la práctica de su ejercicio" en Cuba, una crítica constante al

Gobierno de la Isla.

En su respuesta, La Habana afirma que "la legislación vigente no incluye

prohibición alguna del derecho de huelga, ni las leyes penales

establecen sanción alguna por el ejercicio de tales derechos".

"Si alguna vez los trabajadores cubanos decidieran recurrir a la huelga,

nada podría impedirles su ejercicio", dice el régimen, que se asegura la

inexistencia de estos eventos a través de la CTC, las presiones del

Partido Comunista y la consideración de "contrarrevolucionarios",

"saboteadores", etc., a quienes los inician.

La Comisión insiste en su informe en que la legislación cubana "debería

reconocer expresamente el derecho a huelga", a efectos de "salvaguardar

la seguridad jurídica de los trabajadores que deciden recurrir" a ella.

Discriminación y represión por motivos políticos

La CEACR reitera también su preocupación por la discriminación de

trabajadores "por motivo de opinión política", y especialmente por el

encarcelamiento de periodistas independientes.

En su línea habitual, el Gobierno que controla toda la prensa de la Isla

e impide la existencia de medios independientes, niega "que existan

ciudadanos detenidos y procesados por el ejercicio de sus funciones como

periodistas, y señala que las personas a las que se ha estado refiriendo

la Comisión de Expertos persiguen destruir el orden constitucional y no

tienen vínculo laboral con el sector periodístico (oficial) en el país".

También dice que "no se ha sancionado a nadie como consecuencia del

ejercicio de la libertad de expresión y de opinión y que el ejercicio de

una profesión no constituye delito por el que se pueda imponer una

sanción penal".

Por lo general, el régimen utiliza contra los disidentes y periodistas

independientes que quiere enviar a prisión cargos por delitos comunes

como "desorden público", "alteración del orden" o "peligrosidad social

predelictiva".

El periodista independiente Calixto Martínez Arias, detenido en

septiembre de 2012 y considerado prisionero de conciencia por Amnistía

Internacional, está acusado de "desacato".

Martínez, actualmente en huelga de hambre, fue el periodista que

destapó, en el verano del año pasado, la existencia de una epidemia de

cólera en el oriente de la Isla.

En el informe, la Comisión de Expertos de la OIT señala que "proteger a

los individuos, en el marco del empleo y la ocupación contra la

discriminación fundada en la opinión política, implica reconocer esta

protección en relación con las actividades que expresen o manifiesten

oposición a los principios políticos establecidos, aun cuando ciertas

doctrinas persigan el logro de cambios fundamentales en las

instituciones del Estado".

Pide al Gobierno que informe "si existen personas detenidas, procesadas

o acusadas de otros cargos que hayan alegado ser periodista" y que tome

"las medidas necesarias para garantizar que los periodistas

independientes y todos aquellos trabajadores que expresan opiniones

políticas contrarias al Gobierno gozan de protección en caso de

discriminación por este motivo".

La Comisión recoge además quejas de la Coalición de Sindicatos

Independientes de Cuba (CSIC)"sobre discriminación por motivos de

religión y opinión política" que afecta a trabajadores y estudiantes

universitarios "en el marco de un mercado laboral monopolizado por el

Estado".

Advierte que esa discriminación "se instrumenta por medio de expedientes

laborales detallados y vitalicios que contienen informaciones políticas

y religiosas de los trabajadores y sus familiares".

El Gobierno, que suele expulsar a trabajadores y estudiantes

universitarios opositores y cuestiona la "confiabilidad" para

determinados puestos de quienes critican la línea oficial, afirma al

respecto que "nadie es discriminado por motivo de su opinión política" y

que disposiciones constitucionales y legales "prohíben la

discriminación, y establecen el derecho a la educación".

Niega que el expediente laboral sea "utilizado con fines

discriminatorios" y que contenga "informaciones sobre las inclinaciones

políticas y religiosas del trabajador y sus familiares".

Presiones sobre los trabajadores por cuenta propia

La CEACR dedica una parte del documento a las presiones sobre los

trabajadores por cuenta propia, denunciadas por la CSIC.

La Coalición advierte que la inspección del trabajo de los

cuentapropistas "es más un mecanismo de control social, de intimidación

y de presión que un mecanismo de protección de los trabajadores", y "no

es independiente frente a las presiones políticas" del Partido

Comunista, del Gobierno y la CTC.

Considera que los inspectores del trabajo "se han convertido en enemigos

de los trabajadores independientes, implantando un sistema de multas

desproporcionadas que con frecuencia dan lugar a abusos que representan

una amenaza para la existencia y la extensión del trabajo independiente".

El Gobierno, que no reconoce la validez de la CSIC como organización de

defensa de los trabajadores cubanos, rechaza las críticas, afirma que

trabajadores independientes "no están sujetos a este mecanismo de

inspección y que los encargados de hacer respetar las disposiciones

relativas (…) a las normas sanitarias, de gestión, de transporte, etc.,

son las estructuras de los gobiernos locales".

Los trabajadores por cuenta propia se quejan con frecuencia de abusos de

los inspectores del Gobierno, que incluso piden sobornos a cambio de una

evaluación favorable.

La Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra entre el 5 y el

20 de junio en Ginebra, es con frecuencia denominada "el parlamento del

trabajo". Dicta las políticas generales de la OIT, establece y adopta

normas internacionales del trabajo y es un foro para la discusión de

cuestiones sociales y laborales fundamentales.

http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1363799220_2019.html


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