Informacion economica sobre Cuba

Ilegales hasta siempre
JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ | La Habana | 16 Oct 2014 – 9:10 am.

Inquietud entre cuentapropistas y población en general por las venideras
reformas de la Ley de Vivienda. ¿Van a pasar cuchilla ahora?

“Creo que, junto a nuestra identidad de cubanos, la otra condición que
nos distingue es la de ser, de facto, ilegales. Nuestra cotidianeidad
está viciada de ilegalidades en todos los sentidos. Casi nada es
nuestro, salvo nuestra prole. Se vive en un préstamo moral constante,
condicionado en que a cada paso, en cada gestión, en cualquier
emprendimiento, estaremos violando alguna regla que solo sabremos tiempo
después, cuando leemos una nota de prensa sobre la exhumación de un
decreto-ley.” Son estas las conclusiones de Luisa Barrientos,
extrabajadora de Salud Pública, mientras chequea los últimos detalles
del albañil que labora en la ampliación de su apartamento, en un
edificio multifamiliar en la ciudadela de Alamar.

La inquietud de ahora entre la población cubana está justificada. Las
venideras reformas en las leyes de vivienda —que suponen entraran en
vigor para enero de 2015— llegarán acompañadas con acciones del Estado
en lo referente a erradicar las ilegalidades urbanísticas. Ilegalidades
que fueron señaladas el pasado 7 de octubre —en reunión presidida por
José Ramón Machado Ventura, vicepresidente de los Consejos de Estado y
de Ministros– y donde se hiso énfasis en aquellas relacionadas con el
ordenamiento del trabajo por cuenta propia en las arterias principales,
con los barrios ilegales y con la construcción de viviendas por esfuerzo
propio.

En medio de la crisis devenida en Periodo Especial, el Estado cubano se
vio obligado a permitir la reutilización de espacios comunes de las
comunidades para el cultivo de hortalizas, vegetales, frutas, viandas y
crianza de animales de corral, con el objetivo de sostener en alguna
medida el consumo alimenticio que no podía garantizar a la población. El
cómo y el hasta dónde de estas ocupaciones, quedaría en la decisión y
aprobación de la vecindad. Estas permisividades nunca contarían con
ningún marco jurídico o legislación legal regulatoria, aun cuando por
lógica debía imponerse la observación de las regulaciones urbanísticas.

Cuando la crisis comenzaba a amainar, cuando paulatinamente se
restablecieron los mercados de alimentos, cuando cultivar y cosechar uno
mismo el alimento cotidiano ya no representaba la primera urgencia,
estos espacios fueron reconvertidos en ampliaciones de viviendas
particulares, improvisados parqueos colectivos de autos, o talleres de
los más variopintos oficios.

Por otro lado, la crisis —que azotaba con más fuerza en las provincias—
condicionaría el aumento desmesurado de la migración interna hacia La
Habana y con ello el punto climático de la proliferación de los llamados
barrios ilegales, comúnmente conocidos como “llegaipón”.

El candente problema de la vivienda

Todo debate acerca de estas ilegalidades debe remitirse, y situar en
contexto, al tema neurálgico que significa la vivienda, y que “la máxima
dirección del país” no ha podido rebasar más allá de las promesas.

“Se sabe que, como promedio, en cada vivienda cubana conviven hasta tres
generaciones de familias”, advierte Tomás Díaz, extramoyista del ICRT
que construyó hace más de diez años, con la venia de los vecinos, una
habitación en el área común del jardín en un edificio de Boyeros.

Y agrega: “Muchos de los problemas sociales, sin pretender justificar
nada, devienen de las tensiones generadas en los hogares, donde la
convivencia, ya de por sí compleja, se agrava con la carencia de espacio
vital. Con esa carga psicológica, el cubano vive su diaria existencia y
es omnipresente desde que abordas la guagua, durante la jornada laboral,
hasta que regresas a casa para enfrentar, además, la manutención y
educación de tus hijos. La gente ya no quiere vivir hacinada, ni al
borde de un derrumbe. Cuando empecé a levantar el cuartico llegaron los
inspectores de Vivienda y especialistas de Planificación Física del
municipio; pero solo te ponían una multa, de 600 pesos, y no regresaban
más. Era como un acuerdo tácito que se impuso como práctica. Nunca
hablaron de regulación urbanística alguna. ¿Tal vez no era el momento?”

Aunque en la reunión de altos directivos se insistía en que “la esencia
de estas acciones no está en prohibir construir, sino en indicar cómo y
dónde debe hacerse para no violar las normas urbanísticas y en tal
sentido exigir a todos por igual”, la experiencia transitada en más de
cinco décadas dispara las alarmas de los ciudadanos.

Respecto a esta cuestión en particular un arquitecto —que comentaba
precisamente el artículo “Integrar acciones: clave para erradicar las
ilegalidades urbanísticas”, publicado en Granma— deslizaba un detalle
puntual: “si los arquitectos tuvieran un marco legal que los respaldara
o una asociación a la cual tributar para que se les permitiera ejercer
su profesión por cuenta propia, la gente buscaría los servicios de
arquitectos para construir sus casas”.

El mismo criterio suscribe el ingeniero Evelio Santana, director del
grupo Nosotros, brigada independiente de servicios constructivos y
diseño de interiores: “Debemos emplazar a la monotonía constructiva del
balaustre que permea la arquitectura de las ciudades cubanas, renovar el
diseño sin que ello implique, por supuesto, prescindir de los
patrimonios arquitectónicos que distinguen a cada ciudad”.

Según el informe presentado por Samuel Rodiles Planas, presidente del
Instituto de Planificación Física (IPF), el conjunto de proyecciones de
trabajo se propone “erradicar en lo fundamental las ilegalidades
estatales en todo el país para el 2015; en el caso de las cometidas por
personas naturales, se priorizarán cada año las de más fácil solución y
menor afectación a las familias”.

Sobre ese punto discrepan Nila Mercedes Camejo y Caridad Román, vecinas
de un solar del municipio Cerro. “Hace más de 40 años que vivimos aquí,
cuando era totalmente de madera y estaba declarado inhabitable. Nunca el
Estado nos ofreció —a excepción de papel de techo cuando pasaban los
ciclones— una alternativa mejor durante todo este tiempo. Ahora que
podemos adquirir materiales, por nuestra cuenta, en las tiendas y
lugares establecidos para su venta, nos amenazan con demoler lo hecho.
Los inspectores que se personaron no eran ‘independientes’, sino del
Gobierno. Es cierto que existe un decreto que exige gestionar una
licencia de construcción; pero ¿después de casi 50 años en que nadie se
interesó por nuestra calidad de vida nos hablan ahora de ilegalidad? Ni
siquiera hemos hecho ninguna innovación, sino simplemente sustituir la
madera por mampostería e instalar nuestros baños en el interior de los
cuartos porque nos hartamos de bañarnos en colectivos. Así que aquello
de ‘menor afectación de la familia’ nos resulta imposible de creer.”

¿Y los cuentapropistas?

Escépticos también se muestran los trabajadores por cuenta propia, a
quienes hace apenas dos años se les prohibió montar sus establecimientos
y las perchas de exhibición de sus productos en las arterias principales
de la ciudad. Damián Torres, exfutbolista, vendedor de bisuterías y
enseres menores en la avenida Carlos III, recuerda su indignación y su
impotencia. “No se podían ubicar los estantes en los portales de las
casas; tenía que ser en los interiores de las mismas. ¿Cómo supone un
transeúnte que dentro de determinada casa se oferta el producto que
demanda? Para algo existen las vidrieras. Habría que ser muy obtuso para
no comprender que todo lo que se compra empieza por la visibilidad
previa del producto. Vista hace fe, dice el refrán. Es cierto que todo
el conjunto visual de la avenida se violentaba; pero algunos de los
afectados propusieron la alternativa de los anuncios lumínicos para al
menos guiar al cliente, entendiendo que ello representaría un gasto
extra, pero todo sea por el negocio. Pues resulta que para los anuncios
y vallas también existen regulaciones urbanísticas que, además, ninguno
de los inspectores de vivienda ni de los funcionarios de Planificación
Física sabían a ciencia cierta dónde consultarlas.”

¿Hasta qué punto serían agravantes para los cuentapropistas las medidas
para el ordenamiento del trabajo por cuenta propia en las arterias
principales, entendiendo que el flujo principal transita por estas,
tanto de paseo como de compras?

“Resulta improcedente ubicar mi stand por las calles 25 o 21, por
ejemplo, en vez de por la avenida 23″, increpa un tenedor de libros que
goza de popularidad entre universitarios y extranjeros en el Vedado
habanero. “Cualquier medida al respecto, y espero que haya sido tema de
análisis en esa reunión o en las que vendrán, tiene que asumir que este
país ya no es el mismo de hace 20 años atrás. No puedes hablar de
cambios hacia afuera si antes no te cambias a ti mismo y aceptas esa
transformación. Todo negocio necesita de estar visible, pues en ello
radica la posibilidad de vender más”.

En ese sentido casi impugna Eduardo Abellé: “¿Afea mis máquinas de
frozzen y churros el ornato de la Avenida 10 de Octubre? En verdad no
puedo explicarme cómo tendría éxito mi negocio si los aparatos están
dentro de la casa o si los ubico en la calle paralela por donde casi
nadie transita. Si no puedo situarlas en el portal, para no afectar la
armonía urbana, tendría entonces que reestructurar la arquitectura de mi
casa y entonces agregaría otro problema, y gastos inmensos además del
tiempo que se pierde gracias a nuestra eficaz burocracia. De cualquier
modo somos ilegales siempre”.

Las inquietudes entre la población en general crecen al igual que la
incertidumbre —que propicia todo rumor— pues el Estado no ha hecho
mención alguna sobre adelantar detalles de los temas en cuestión. Todos
—no solo los cuentapropistas— temen al “imprevisto” que se ha convertido
en práctica común en muchas de las decisiones tomadas por el Gobierno.

“Ahora resulta que el pueblo además tiene que ser fiscal y enemistarse
entre sí. Así han sido todos los procesos en los que se exige la
colaboración de las masas”, anota Yoel Ríos, exprofesor de Contabilidad.
“Me resulta lacerante que Rodiles Planas concluya que las limitantes
para llevar a cabo la erradicación de ilegalidades y violaciones
recaigan en los ciudadanos pues como dice: ‘la población las tolera o
asimila si no la afectan directamente’. Parece que olvidaron que cuando
fue conveniente sostener el socialismo, allá por el Periodo Especial,
ninguna de estas disposiciones o decretos se aplicaron ni se
mencionaron. ¿Por qué ahora?”

La problemática es mucho más compleja que la que prefigura confrontar el
Estado a través de sus instancias. Ni siquiera la solución —expresada
por otro de los comentaristas al artículo de Granma— de que “el sistema
de la Vivienda debía pasar al IPF, pues hoy es inoperante todo lo que
allí se hace” es viable, en tanto el IPF representa otra estructura más
en la cadena institucional; sin independencia de criterio para
confrontar a la máxima dirección del país por su equívoco durante cinco
décadas que ha provocado, como acepta el propio Rodiles Planas, “una
madeja de disposiciones dispersas de difícil cumplimiento tanto para las
entidades como para la población”.

Source: Ilegales hasta siempre | Diario de Cuba –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1413443458_125.html


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