Informacion economica sobre Cuba

Voces de cambio en el sector no estatal cubano
CARMELO MESA-LAGO Y OTROS AUTORES, La Habana | Octubre 22, 2016

Les presentamos el primer capítulo de ‘Voces de cambio en el sector no
estatal cubano. Cuentapropistas, usufructuarios, socios de cooperativas
y compraventa de viviendas’ (Iberoamericana Vervuert, 2016), una obra
coordinada por Carmelo Mesa-Lago, catedrático de Economía y Estudios
Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh. El ensayo aborda los
problemas que enfrentan los cuentapropistas en el desarrollo de su
actividad y los deseos de cambio de este colectivo compuesto por más de
un millón de personas, casi un tercio de la fuerza laboral cubana.

El ensayo cuenta con la colaboración de Roberto Veiga González y Lenier
González Mederos, que residen en la Isla y realizaron las entrevistas;
la de Sofía Vera Rojas y Aníbal Pérez-Liñán, que llevaron a cabo las
tabulaciones y su análisis.

Capítulo 1: El sector no estatal emergente y su importancia

Este libro estudia el sector “no estatal” en Cuba, que tiene creciente
importancia y el potencial de transformar la economía predominantemente
estatal (72% de la fuerza laboral) y en difícil situación. En este
capítulo cuantificamos el sector no estatal e identificamos cuatro
grupos principales: trabajadores por cuenta propia (autónomos),
usufructuarios, socios de nuevas cooperativas y compradores-vendedores
de viviendas privadas.

El elemento más innovador es el análisis de los resultados de 80
entrevistas intensivas hechas en Cuba en 2014-2015, para recoger las
voces del sector. El objetivo principal del libro es ofrecer información
clave no disponible sobre el sector no estatal: a) sus características
(edad, género, color de la piel y educación); b) aspectos económicos
importantes (como nivel de satisfacción, ocupación, ganancias,
inversión, empleados contratados, recibo de remesas, microcréditos y
otras ayudas, competencia, publicidad, planes de expansión), y c) su
percepción de los problemas que enfrentan y sus deseos de mejora o
cambio. Comparamos estos aspectos/percepciones entre los cuatro grupos,
hacemos asociaciones entre sus características y una serie de respuestas
a preguntas similares, y extraemos sugerencias de las voces para mejorar
el sector y contribuir más al desarrollo económico y social del país.

1) ¿Qué es el sector no estatal emergente?

En 2006, Raúl Castro sustituyó a su hermano Fidel al frente del
Gobierno, debido a la enfermedad de este, y en 2008 fue formalmente
nombrado presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Desde 2007,
Raúl ha implementado numerosas reformas, siendo las más importantes las
llamadas por él “estructurales” (27-7-2007) porque modifican aspectos
del actual sistema económico en diverso modo y magnitud.

Una de las reformas estructurales más importantes ha sido la reducción
del sector estatal y la correspondiente expansión del sector no estatal,
como nunca antes bajo la Revolución. En 2010, el Gobierno informó de que
había un vasto empleo excedente o innecesario en el sector estatal que
había que despedir para ahorrar recursos, mejorar la productividad
laboral y aumentar los salarios; 500.000 de dichos empleados serían
despedidos entre octubre de 2010 y marzo de 2011, y un millón en
diciembre de ese año; más tarde, se estimó el número de excedentes en
1,8 millones para ser eliminados en 2015.

Los despedidos encontrarían empleo en el sector no estatal (SNE), el
cual se divide, de forma amplia, en “privado” [El término “privado” no
se mencionó en los 313 Lineamientos de 2011, ni en los medios de
comunicación hasta 2014; se evita usando eufemismos como “no estatal”,
“emprendedores”, “agricultores pequeños”, “cuentapropistas”, casa
“particular” (para arrendadores de casas para turistas), viviendas
construidas “por la población”, etcétera.] y cooperativo, ambos con
diferencias en cuanto al tiempo de su implementación sus derechos de
propiedad, su relación con el Estado, el rol del mercado, el tamaño del
SNE y su tendencia creciente o decreciente.

El subsector “privado” incluye cuatro grupos:

1) Los propietarios de pequeñas parcelas de tierra (agricultores
pequeños), que comenzaron con la reforma agraria de 1959 y continúan,
aunque reducidos a la mitad; estos tienen la propiedad de la tierra,
aunque con ciertos compromisos con el Estado, tales como la obligación
de venderle parte de la cosecha a un precio fijado por el Gobierno
(acopio), el cual limita la venta de sus productos a precios de mercado,
aunque las reformas han flexibilizado algo esto.

2) Los trabajadores por cuenta propia (TCP), que han experimentado
altibajos desde que comenzaron en el decenio del setenta, pero en franca
expansión desde 2011 (operan en 201 ocupaciones determinadas por el
Estado); la mayoría son dueños de pequeños negocios o actividades
económicas individuales (también pueden ser arrendadores de un negocio
cedido por el Gobierno), y sus productos o servicios se venden al precio
de mercado.

3) Los usufructuarios de tierras estatales, que las reciben para ser
explotadas bajo normas legales (incluyendo el acopio); estos comenzaron
en el decenio de los ochenta, pero el mayor impulso ha sido desde 2008;
no son propietarios de las parcelas, pero las cultivan y se apropian de
sus frutos, y una vez cumplido el acopio, pueden vender el excedente a
precio de mercado.

4) Los trabajadores empleados por los tres grupos anteriores, que no son
titulares (propietarios o arrendatarios), sino asalariados.

El subsector cooperativo, que constituye un punto medio entre la
propiedad privada y la estatal, tiene, a su vez, tres grupos:

1) Las cooperativas de producción agropecuaria que son las Unidades
Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) —creadas en 1994 por la
transformación de las granjas estatales— y las Cooperativas de
Producción Agropecuaria (CPA). Ninguna de las dos es propietaria de la
tierra, sino que la trabajan de forma mancomunada (el Estado mantiene la
propiedad y otorga contratos de arrendamiento indefinido a los socios);
ambas son las más dependientes del Estado y han decrecido en número y
socios, y la mayoría de su producción va al Estado, que fija sus precios.

2) Las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), en las que los
campesinos privados se unen para obtener crédito, comprar insumos al por
mayor y compartir parte del equipo, son las más independientes y están
creciendo en número y socios.

3) Las Cooperativas de Producción no Agrícola y de Servicios (CNA), como
barberías, creadas en 2013, se están expandiendo, pero el número de sus
socios es todavía pequeño; estas rentan al Estado, que retiene la
propiedad de los inmuebles, pero venden sus productos/servicios a
precios de mercado; se alega que son más independientes que las
cooperativas de producción agropecuaria.

El sector emergente no estatal también incluye la compraventa de
viviendas con precios fijados por la oferta y la demanda, que comenzó en
2011 y se ha ido expandiendo, así como la construcción de viviendas
privadas por individuos (“esfuerzo de la población”).

El VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en abril
de 2016, generó dos documentos: la conceptuación del modelo y un plan de
desarrollo hasta 2030. El primero de ellos, reconoce la existencia de
heterogeneidad en las formas de propiedad y de gestión, “adecuadamente
interrelacionadas”, entre ellas la propiedad privada y la cooperativa;
también acepta el rol del mercado dentro de un modelo en que prevalece
la planificación central y la empresa estatal. El Estado se concentra en
la dirección de la economía, la regulación y la conducción/control del
proceso de desarrollo, y gestiona los medios fundamentales de producción.

La propiedad privada sobre “determinados medios de producción” juega un
papel “complementario” al Estado; este se “desprende” de la
administración directa de aquellas actividades que requieren un grado
alto de independencia y autonomía, las cuales, además, conducen al
desarrollo socioeconómico, contribuyen a la eficiencia, la creación de
empleo y el bienestar. Esto “provoca el incremento del sector no estatal
de la economía”, liberando recursos; no obstante, la gestión por formas
de propiedad no estatal no implica “la privatización o enajenación de
estos”; además, “no se permite la concentración de la propiedad y la
riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales”; por último, el
Estado regula al SNE, así como la apropiación privada del resultado del
trabajo ajeno y las ganancias de estos negocios .

El referido documento especifica dos tipos de “emprendimiento” privado:
pequeños negocios realizados en lo fundamental por el trabajador y su
familia, como personas naturales; y empresas privadas de micro, pequeña
y mediana escalas, reconocidas como personas jurídicas. Además, “los
tipos de cooperativas que reconoce el modelo forman parte del sistema de
propiedad socialista” y tienen personalidad jurídica, ejerciendo
propiedad colectiva de los medios de producción. Lo anterior constituye
la legitimación oficial del SNE, pero paradójicamente aún se niega la
privatización; además, el SNE se concibe solo de manera supeditada al
Estado y con mayores restricciones: por ejemplo, antes se prohibía la
concentración de la propiedad, pero ahora se agrega también la de la
riqueza. Este libro profundizará en el efecto de esos obstáculos.

El Congreso anunció una ley de empresas que regulará el sector no
estatal, pero no se había promulgado tres meses después del evento.
Luego de resaltar la relevancia del reconocimiento de la empresa privada
dentro del sistema económico cubano, Monreal apunta el lento seguimiento
en legalizar y regular la empresa privada y se pregunta “si el tema ha
perdido algo de la propulsión inicial”. Agrega que la etapa educativa
del proceso, clave para la etapa de implementación, “apenas ha sido
visible en los medios de prensa del país”.

2) Cuantificación del sector no estatal

Es complejo calcular el número de personas en el SNE porque falta una
cifra integrada con una distribución de todas en dicho sector. El
Anuario estadístico de Cuba (ONEI) ha publicado por varios años un
cuadro con la distribución de los “ocupados en la economía según
situación del empleo”, que los divide en “cooperativistas” (antes solo
las UBPC, CPA y CCS; desde 2013, también las CNA), los trabajadores por
cuenta propia y “privado”. El último está compuesto por empleados
asalariados en empresas mixtas con capital extranjero, propietarios
privados de tierra y por TCP hasta 2010.

Desde 2011, los empleados por los TCP están incluidos en el número total
de estos, lo cual explica en parte el gran salto de 166% en dicho año.
Es probable que los “otros” privados envuelvan un doble conteo. Otro
cuadro del Anuario exhibe la categoría “tenentes de tierras por personas
naturales”, que separa usufructuarios, propietarios privados,
arrendatarios y campesinos dispersos; no obstante, dicho cuadro solo
está disponible desde 2013, por lo cual no se pudo incluir este grupo en
el Cuadro 1.

Source: Voces de cambio en el sector no estatal cubano –
www.14ymedio.com/nacional/Voces-cambio-sector-estatal-cubano_0_2093790610.html


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